El gasto público en inversión física destinado a obras como carreteras y hospitales sufrió una caída notable durante los primeros meses del año, alcanzando un monto de 299 mil 218 millones de pesos. Esta cifra representa una disminución real anual de más de 17%, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En particular, el mes de mayo registró una contracción del 12.4% en esta inversión, situándose en poco más de 58 mil millones de pesos. Los sectores más afectados fueron el energético y el de comunicaciones y transportes, que mostraron desplomes acelerados. La inversión en obras energéticas cayó casi un 43% en el acumulado de enero a mayo, mientras que en mayo la reducción fue cercana al 28%.

La infraestructura pública en comunicaciones y transportes también sufrió descensos dramáticos, con una caída del 50% en los primeros cinco meses del año y una contracción del 62% sólo en mayo. Estos datos reflejan un preocupante freno en la modernización y mantenimiento de la red de transporte y telecomunicaciones del país.

Este panorama ocurre a pesar de que el Gobierno federal ha prometido un repunte en la inversión física vinculado a proyectos del Plan México, que aún no se traduce en cifras concretas. Expertos atribuyen esta contracción a dos factores principales: por un lado, la restricción en el gasto público para evitar recortes en la calificación crediticia del país, y por otro, la creciente incertidumbre que enfrenta el sector privado debido a reformas recientes y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La incertidumbre mencionada afecta la confianza de inversionistas, quienes postergan sus aportaciones ante la falta de claridad. En este contexto, la reducción en inversión física representa un mecanismo “sencillo” para ajustar el gasto, dado que existe una presión para mantener programas sociales y apoyos a empresas estatales, mientras disminuyen los ingresos fiscales.

El impacto de esta tendencia es evidente en el deterioro progresivo de la infraestructura nacional, sobre todo en ámbitos como la energía eléctrica. La falta de inversión no sólo detiene la ampliación de la infraestructura necesaria para el desarrollo económico, sino que también afecta su mantenimiento, poniendo en riesgo servicios esenciales.