OpenAI sorprendió con una oferta inusual: ceder un 5% de sus acciones al Gobierno de Estados Unidos con el fin de que los beneficios económicos derivados del crecimiento de la inteligencia artificial (IA) se destinen al interés público. Esta propuesta se planteó en conversaciones entre Sam Altman, representante de la compañía, y altos funcionarios de la administración Trump, en un contexto donde el control y la regulación de la IA concentran el debate político.
La iniciativa busca replicar modelos de inversión pública ya conocidos, como el Fondo Permanente de Alaska, que reparte a sus ciudadanos ingresos obtenidos de recursos naturales. En este caso, las ganancias de OpenAI no se quedarían en manos privadas, sino que formarían parte de un fondo soberano que impulse beneficios sociales. Según estimaciones basadas en su valoración actual, ese 5% podría equivaler a decenas de miles de millones de dólares.
Además de OpenAI, la propuesta contempla que otras firmas tecnológicas relevantes —como Google, Meta o Anthropic— puedan ofrecer porcentajes similares de su capital. Esta estrategia respondería también a una presión creciente para que el sector tecnológico acepte una supervisión más cercana y evite posibles regulaciones estrictas o riesgos vinculados a la seguridad nacional.
Un ejemplo previo de participación estatal en la tecnología es la compra de casi un 10% de Intel por parte del Gobierno de EE. UU. bajo la Ley CHIPS, lo que demuestra una tendencia hacia un mayor involucramiento del Estado en empresas clave para el futuro tecnológico y económico del país.
De concretarse, este modelo de "capitalismo de Estado" en el ámbito digital implicaría un cambio sustancial en la manera en que las ganancias de la innovación tecnológica se distribuyen y gestionan. Más allá de Silicon Valley, su impacto podría marcar un precedente global sobre cómo los gobiernos se posicionan frente a las empresas que moldean nuevos mercados y desafíos laborales.