La tortura en México sigue siendo una práctica sistemática difícil de documentar y que frecuentemente queda oculta ante la sociedad. Aunque existen denuncias sobre su uso en el marco de la justicia y la seguridad, la falta de visibilidad limita la condena social y la acción efectiva de las autoridades.
El fenómeno de la invisibilidad de la tortura responde en parte a la ausencia de protocolos claros y verificables para identificarla y sancionarla, así como a la reticencia de las víctimas a denunciar por miedo o desconfianza. Este contexto permite que la tortura se mantenga como una herramienta ilegal pero recurrente para obtener confesiones o información.
Expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que esta invisibilidad favorece la impunidad y reduce la presión para reformas que protejan a las personas privadas de libertad. Además, subrayan la necesidad de implementar mecanismos de vigilancia y atención integral a víctimas para revertir el estigma y las barreras que impiden revelar estos abusos.