En el último año, México sumó cinco millones de usuarios de internet, logrando cobertura en más del 88% de la población, un avance significativo hacia la universalización del acceso digital. Este progreso muestra un cierre importante de la brecha en conectividad, especialmente notable en las zonas rurales, donde el acceso pasó de menos del 70% a más del 75%, el incremento anual más alto en casi una década.

Sin embargo, la disponibilidad de internet dejó de ser el principal obstáculo. La consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU) señala que la nueva meta es superar la llamada “brecha de aprovechamiento”, que implica que la mayoría de la población aún no utiliza plenamente las herramientas digitales para mejorar su productividad, inclusión financiera y participación económica. Mientras que la conexión a redes sociales y el consumo de contenidos audiovisuales son casi universales, el uso de servicios como compras en línea, pagos digitales, plataformas gubernamentales, y servicios en la nube sigue siendo limitado.

El análisis revela que menos de la mitad de los usuarios participa activamente en aplicaciones digitales que aportan beneficios económicos o sociales. Por ejemplo, menos del 40% realiza compras o pagos por internet, y menos del 25% utiliza servicios en la nube. Estas cifras muestran diferencias marcadas entre áreas urbanas y rurales, planteando un nuevo reto para las políticas públicas orientadas a reducir la brecha digital más allá del simple acceso.

El acceso móvil juega un papel crucial en esta evolución. Actualmente, más del 97% de los usuarios se conecta a internet a través de teléfonos inteligentes, lo que ha facilitado la penetración en zonas remotas. Este fenómeno se ha visto impulsado por mejoras en infraestructura, mayor disponibilidad de dispositivos y tarifas más accesibles. Sin embargo, el Estado y el sector privado enfrentan ahora el reto de promover el uso efectivo y productivo de estas tecnologías, no solo su adopción.

De acuerdo con The CIU, el siguiente paso en la política digital debe enfatizar el desarrollo de habilidades digitales en la población y facilitar el acceso a servicios digitales que contribuyan a incrementar la productividad, la inclusión financiera y el desarrollo económico. Este cambio de enfoque permitirá que la conectividad no solo sea un derecho, sino una herramienta para el bienestar y la competitividad en México.