El Congreso de Tamaulipas aprobó un cambio crucial en el Código Municipal que elimina la restricción automática para que personas vinculadas a proceso puedan postularse a cargos municipales, siempre que no enfrenten prisión preventiva como medida cautelar. Esta reforma flexibiliza el acceso a cargos como alcaldías, sindicaturas y regidurías, con el argumento de respetar el principio constitucional de presunción de inocencia.
Hasta antes de esta modificación, cualquier ciudadano acusado en un proceso penal por delitos dolosos quedaba inhabilitado para integrar un ayuntamiento únicamente por la vinculación a proceso. Ahora, esa limitación solo aplicará cuando un juez imponga prisión preventiva. Además, se estableció que quienes tengan una sentencia firme por delito doloso tampoco podrán ocupar cargos municipales, ampliando así los supuestos de inelegibilidad.
La reforma también impone nuevas condiciones para la permanencia en el cargo. La suspensión o revocación del nombramiento de presidentes municipales, síndicos y regidores solo surtirá efecto si existe vinculación a proceso acompañada de prisión preventiva dictada por autoridad judicial. Este cambio surge para adecuar la legislación local a la Constitución y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estos organismos han señalado que limitar derechos político-electorales únicamente por enfrentar un proceso penal sin sentencia final resulta inconstitucional. En particular, han considerado que la prisión preventiva, y no la vinculación a proceso, es la medida que puede suspender temporalmente esos derechos, situación que el Congreso de Tamaulipas incorporó en esta reforma legislativa.
Con esta actualización, se busca evitar la penalización política anticipada y garantizar que los ciudadanos solo sean excluidos cuando exista una orden judicial concreta que restrinja su libertad, conforme a los principios legales vigentes.