Los equipos de trabajo de varios ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuentan con un número inusual de colaboradores, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de recursos públicos y la organización interna del máximo tribunal. La ministra con mayor cantidad de personal bajo su ponencia es Lenia Batres, cuya plantilla asciende a 94 personas.
Esta cifra es seguida de cerca por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero, que dispone de 90 integrantes en su equipo. Por detrás se encuentran otras ponencias con un número considerable de asesores, como la ministra Yasmín Esquivel Mossa con 82, María Estela Ríos González con 75, y Loretta Ortiz Ahlf con 74 colaboradores, entre otros. El contraste resulta particularmente relevante en comparación con la estructura que tuvo la expresidenta de la SCJN, Norma Piña, quien contó con apenas seis asesores en su oficina.
Estas diferencias surgieron a partir de publicaciones en redes sociales hechas por periodistas y cuentas especializadas, quienes destacaron el crecimiento de los equipos y cuestionaron la justificación de tal expansión. La información también hizo hincapié en que estos grupos están financiados con fondos presupuestales de la Suprema Corte, lo que provocó críticas y debates en plataformas digitales sobre la transparencia y eficiencia en el manejo de estos recursos.