El Gobierno anunció que, para asegurar el abasto de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad, integrará una red de farmacias privadas al programa Salud Casa por Casa. Esta medida busca que los beneficiarios puedan adquirir sus medicamentos en farmacias privadas cuando no estén disponibles en los centros públicos, tiendas de alimentación para el bienestar o máquinas dispensadoras.
La iniciativa reconoce las limitaciones actuales en la cadena pública de suministro de fármacos, especialmente para enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Sin embargo, expertos advierten que esta solución puede ser un “parche” temporal y que, más allá de focalizar solo al programa Salud Casa por Casa, sería necesario abrir el acceso universal a la red privada de farmacias para todos los pacientes del sistema público, garantizando un precio prepactado y eficiente.
El anuncio también genera dudas sobre la planificación y efectividad de esta estrategia. Legisladores y analistas señalan que el Gobierno ha realizado varios anuncios en torno a la distribución de medicamentos sin un plan claro o ejecución concreta. Se mencionaron medidas como la apertura de una megafarmacia, la distribución mediante camionetas y el uso de microfarmacias, pero ninguna se ha implementado con éxito hasta el momento.
Además, algunos expertos consideran que, si la infraestructura pública sigue sin garantizar la provisión, el Gobierno debería contemplar también la colaboración con hospitales privados para proteger el derecho a la salud de la población.
El país cuenta con más de 65 mil farmacias privadas, lo que podría representar una opción viable para ampliar el acceso a medicinas, siempre que se establezcan condiciones claras y controladas para que el sistema público pueda pagar los medicamentos adquiridos a estos comercios privados, evitando sobrecostos o demoras.
Este cambio en la estrategia de abasto se suma a un panorama complejo, donde la cadena de adquisición y distribución de medicamentos enfrenta problemas logísticos y administrativos que han afectado la disponibilidad en centros de salud públicos. La fórmula actual de licitaciones y conflictos con proveedores incrementa la dificultad para mantener un suministro constante y confiable.