El esquema actual para la investigación y persecución de homicidios en México, basado en el fuero común y a cargo principalmente de fiscalías estatales, se muestra obsoleto frente a la evolución del crimen organizado. Aunque en sus inicios este modelo respondió a una delincuencia de carácter local, la realidad actual exige replantearlo, debido a que las organizaciones criminales operan en múltiples estados, con armamento reservado para las Fuerzas Armadas, recursos económicos elevados y redes internacionales.

En este contexto, el delito más grave y que más afecta a la sociedad —el homicidio— continúa estimándose como un problema local, lo cual contradice la naturaleza extendida y coordinada de los criminales que lo cometen. Este escenario expone las limitaciones institucionales estatales, caracterizadas por diferencias marcadas en presupuesto, profesionalización y autonomía, frente a una Guardia Nacional que opera con capacidades y recursos federales en todo el territorio.

Una propuesta técnica y limitada ha surgido para que la Federación asuma la competencia para investigar homicidios donde existan evidencias objetivas de intervención de la delincuencia organizada o del uso de armas exclusivas del Ejército. El argumento jurídico es claro: este tipo de delitos excede el ámbito territorial de cualquier estado y compromete la seguridad nacional, por lo que resulta insostenible tratarlos como asuntos locales.

Además, esta propuesta contempla que casos con indicios de coordinación entre grupos criminales que operan en diversas entidades o sospechas de colusión con autoridades locales también deben pasar a la esfera federal. De lo contrario, el trabajo se fragmenta en múltiples expedientes estatales, dificultando una estrategia integral y efectiva.

La iniciativa no plantea una federalización indiscriminada de todos los homicidios, puesto que eso podría llevar al colapso institucional de la Fiscalía General de la República, sino un modelo selectivo, basado en criterios objetivos que permitan concentrar los recursos federales en los casos que realmente rebasan la capacidad local.

Ante el incremento de violencia vinculada a la criminalidad organizada, resulta indispensable revisar y adecuar el marco jurídico e institucional. La fragmentación actual limita la eficacia en la investigación y sanción, y profundiza la vulnerabilidad de comunidades que enfrentan la violencia en carne propia.