Un total de 34 servidores públicos de 20 instituciones gubernamentales recibieron sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años y multas superiores a 1.8 millones de pesos, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Estas medidas responden a faltas graves y no graves detectadas en el ejercicio de sus funciones.
Entre los casos más destacados está la inhabilitación por 20 años a un empleado de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quien fue sancionado por acoso sexual contra dos estudiantes en 2020. Además, una ex funcionaria de la Secretaría de Economía fue sancionada con 15 años de inhabilitación y una multa de 1.5 millones de pesos por autorizar licencias con goce de sueldo sin la competencia para hacerlo.
Por otro lado, cuatro ex servidores públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fueron sancionados por irregularidades en el pago de apoyos del programa Producción para el Bienestar. También hubo sanciones en Profeco, donde una ex empleada fue destituida e inhabilitada por asignarse viáticos indebidos, y en la Agencia Nacional de Aduanas, que inhabilitó a dos oficiales por intentar obtener beneficios económicos durante revisiones.
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tres trabajadores recibieron inhabilitaciones por irregularidades en la verificación de medidores. Por faltas menos graves, la Secretaría Anticorrupción señaló que 14 instituciones aplicaron sanciones que incluyen destituciones temporales, suspensiones y amonestaciones.
Ejemplos incluyen la destitución e inhabilitación por tres meses de un trabajador del Conalep acusado de acoso sexual, y la sanción a un médico del IMSS por realizar procedimientos ginecológicos sin acompañante y prácticas inapropiadas de carácter sexual. En la Guardia Nacional, dos elementos fueron separados por presentar licencias médicas no válidas para justificar ausencias.
Otras dependencias con sanciones fueron Pemex, Conafor, Finabien, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Banco del Bienestar, Banobras, ISSSTE, Secretaría de Economía y Sepomex, donde se aplicaron diversas medidas disciplinarias por irregularidades administrativas.
La Secretaría Anticorrupción indicó que todas las resoluciones se emitieron conforme a la ley, considerando la proporcionalidad y gravedad de las faltas. Reiteró que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, pero que defenderá todas las decisiones fundamentadas en evidencias y el marco legal correspondiente.